Resumen

La legislación española recoge la obligación de difundir información entre los administrados, de modo que se mejore la gestión y la administración de las instituciones públicas. Sin embargo, la elaboración y la producción de información no se rigen con criterios periodísticos, sino que se mantiene un cierto control político sobre la naturaleza y el alcance de las noticias. El estudio de las noticias publicadas por seis ayuntamientos en sus webs entre 2011 y 2016 demuestra que la legislación actual ha mejorado el número de items de información pública (no elaborada), pero no su calidad. También destaca la ausencia de innovación en el uso de redes sociales para la promoción de la participación ciudadana en materia informativa.

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Published on 10/06/17
Accepted on 10/06/17
Submitted on 10/06/17

Volume 26, Issue 3, 2017
DOI: 10.3145/epi.2017.may.07
Licence: CC BY-NC-SA license

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