Abstract

 En nuestro país, existe un consenso social y político sobre la importancia del Estado del Bienestar, EB,  para el mantenimiento de la cohesión social. Gracias a nuestro EB, las consecuencias socioeconómicas de la persistente crisis reciente, no ha resultado más dramática para los ciudadanos. Algunos argumentan que debemos ampliar nuestro sistema de protección social, aunque también se alzan voces que cuestionan una ampliación de la cobertura social sin una reforma que garantice la viabilidad económica de todo el sistema.

 Existen dos aspectos básicos en relación a las políticas del bienestar. Por un lado, la cuantificación presupuestaria necesaria para mantener o ampliar el actual “status quo”. Por otra parte, también es relevante el análisis de la distribución entre los distintos agentes económicos de los costes fiscales y de los beneficios sociales que suponen dichas políticas. Ambos aspectos representan las dos caras de una misma moneda. Nosotros estamos interesados en el segundo aspecto, donde se plantea problemas de desigualdad y redistribución de la renta que generan las  políticas del sector público ligadas a nuestro EB.

El objetivo de nuestra investigación se centra en analizar los efectos redistributivos que ejercen las políticas de gasto social - y su financiación mediante los impuestos que soportan los agentes económicos – sobre la distribución de la renta en España.

Queremos identificar, siguiendo a Calonge y Manresa (1997) el efecto redistributivo global neto, sobre la renta familiar, de las prestaciones en efectivo  (pensiones contributivos, no contributivas y  seguro de desempleo), y las prestaciones en especie (educación, sanidad y otros beneficios sociales), teniendo en cuenta que estas prestaciones (gasto social) son financiadas mediante los impuestos y cotizaciones que pagan los propios hogares beneficiarios. Nuestro objetivo es establecer un balance neto entre quienes se benefician y quienes financian nuestro Estado del Bienestar.