El Estado y los profesionales en Latinoamérica: Responsabilidades hacia la justicia social-cognitiva

Raquel Stefanía Mendoza Ureta

Angel Josue Sotomayor Pazmiño

Universidad Nacional de Educación (ECUADOR), email: raquelmendozastu@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1591-9170

Instituto Superior Guayaquil (ECUADOR), email: angelfceb@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-0192

Resumen

El artículo aborda tareas que deben intensificar el Estado y los profesionales en Latinoamérica para lograr mayor justicia social-cognitiva, hacia la construcción de naciones más equitativas, libres y democráticas. Todo ello en el marco de la inclusión-excluyente que existe en la región con respecto al acceso, la permanencia y el egreso al sistema superior y en consideración al pensamiento hegemónico que prevalece.

Palabras claves: Estado, profesionales, justicia social -cognitiva, colonialidad.

Abstrac

The article addresses tasks that the State and professionals in Latin America should intensify to achieve greater social-cognitive justice, towards the construction of more equitable, free and democratic nations. All this within the framework of the inclusion-exclusion that exists in the region with respect to access, permanence and exit to the higher system and in consideration of the prevailing hegemonic thinking.

Keywords: State, professionals, social-cognitive justice, coloniality.

Introducción

En Latinoamérica, según cifras de la UNESCO, la educación superior desde inicios de la década del 2000 se expandió y alcanzó aproximadamente un 40% de crecimiento (Bellei et al., 2015). Sin embargo, este aumento en el ingreso supuso la propagación de más brechas sociales entre familias en posición económica ventajosa, que viven en zonas urbanas, frente aquellas de bajos recursos que residen en zonas rurales. Además, en este escenario se dio un exceso de demanda en relación a la oferta académica. Desde el punto de vista Rama (2018) para lograr equilibrar la situación se implementaron a escala global las siguientes medidas: cobro de matrículas, mayor cantidad de estudiantes por aula, acceso por cupos o exámenes, educación a distancia y la implementación de instituciones docentes no encaminadas a la investigación.

A lo largo de las últimas décadas los estados de la región, a través de las políticas educativas y en consideración al escenario descrito, han intensificado esfuerzos para garantizar a la población condiciones de acceso y permanencia a una educación de nivel terciario que sea pública, gratuita y de calidad. En correspondencia, el incremento del producto interno bruto (PBI), en América Latina y el Caribe, permitió una ampliación de cobertura. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la inversión en educación aumentó del 3,6% al 5,3% desde 1995 al 2013 (Elacqua y Martinez, 2017). En consideración a los cambios relativamente significativos está Ecuador con un aumento de 1666 veces, pasó del 0,12% en 1999 al 2.16% en el 2014 seguido por Cuba, Chile, Uruguay, Aruba, entre otros (Rama, 2018).

La inversión en la educación terciaria ha permitido que la tasa de egresados haya aumentado sus cifras en Latinoamérica. No obstante, hasta el momento no se ha logrado garantizar la democratización educacional, ni que todas las ideas, conocimientos o saberes del Sur se consideren relevantes dentro del conocimiento científico. En este sentido, es fundamental identificar las responsabilidades que tienen el Estado y los profesionales -considerados principales actores- en la búsqueda de un camino hacia el desarrollo de naciones más justas, equitativas, libres y democráticas.

Justicia social-cognitiva en la educación terciaria

Los esfuerzos de los países en Latinoamérica para garantizar una mayor cobertura de estudios terciarios a toda la población, se pueden visualizar en acciones que principalmente brindan una educación en la que no se cobra ningún tipo de tarifa, a ofertar becas, a la creación de establecimientos públicos con nuevos enfoques, a acercar las instituciones a diversos sectores, etc. En correspondencia, se tiene una perspectiva de justicia social en la que el acceso, la permanencia y el egreso a la universidad se los concibe desde la igualdad de oportunidades. Si bien, esto ha dado lugar a el aumento de las tasas de matrícula y ha abarcado a los grupos socialmente desfavorecidos no ha conducido a una mayor equidad.

Como lo expresa Rodríguez (2016) existe una estrecha relación entre el origen social y las transiciones educativas, de esta manera, cuando el sistema se ha vuelto casi universal, los grupos en ventaja social incrementan su inserción y buscan las mejores instituciones que les permitan posteriormente ocupar la parte privilegiada de la estructura de clases. En el escenario descrito, Ezcurra expresa que nos encontramos frente a una inclusión-excluyente en donde se ha convertido en tendencia: a menor nivel socioeconómico, menor la permanencia y el egreso (Citado en Marchese y Peralta, 2012). Por ende, las desventajas desde el punto de partida permiten repensar el concepto de justicia. Al respecto Dubet (2011) defiende la postura de reducir la distancia entre las posiciones sociales, ya que en tanto mayor sea la igualdad de posiciones mayor será la igualdad de oportunidades, pero no a la inversa. Sin embargo, este modelo para el sistema económico actual no es factible porque es conservador y defectuoso.

En el marco de todo ello, se ha venido gestando una lucha en la región por lograr que desde la universidad se desarrollen e incorporen en la práctica modelos alternativos a los que hoy imperan, pues como lo expresa Anguiló (2009) las sociedades se manejan con “verdades universales”, edificadas desde los grupos dominantes que influyen directamente en todas las esferas de la vida diaria y que crean diferenciación, termino asociado con inferioridad. Entonces, para logar una verdadera emancipación humana, según el autor, hay que considerar más allá del índole social y jurídico las implicaciones epistemológicas jugadas en el terreno del conocimiento. De ahí que Santos (2017) afirma la justicia social no es posible sin una justicia cognitiva.

A propósito, la justicia cognitiva al combatir la exclusión epistémica que priva de validez y reconocimiento a otras formas de saber, también lucha contra la desigualdad y discriminación social, razón por la que además de defender las prácticas interculturales debe promover garantía educacional para minorías étnicas, personas privadas de libertad, ciudadanos que no tienen acceso a educación formal, discapacitados, inmigrantes, jóvenes, mujeres; debe suscitar la transformación de la matriz cognitiva y edificar una economía social del concomimiento.

La colonialidad del saber y el exclusivismo científico

La colonialidad del saber y del ser para Gómez (2010) es un proceso a través del cual se construyó y consolidó una forma de pensamiento hegemónico, este ha reproducido en las sociedades coloniales valores y creencias de la Modernidad occidental. Motivo por la que no es casualidad en el Sur considerar a lo ajeno -extranjero, europeo, estadounidense- mejor que lo propio y modelo obligatorio a seguir. A manera de ejemplo, es común observar como en la región, desde estándares aceptados como formas únicas y verdaderas de determinar excelencia en resultados, se intentan medir todo. Relacionado a ello, también se piensa que la ciencia es poseedora de la verdad absoluta mientras otras formas, experiencias y saberes no gozan de legitimidad porque son diferentes o no han sido plasmadas en un papel.

De esta forma, como lo manifiesta Anguiló (2009) se ha creado un canon de exclusivismo científico desde el cual ciertas formas de concebir el mundo se descartan y se las colocan en el plano de la opinión, conjetura, creencia, etc. Al respecto, entrar en este canon se ve acotado por dos razones: “a) las demandas técnicas impuestas por la tarea misma de escribir, y b) las inevitables exigencias que los criterios editoriales le imponen al autor” (Borja, 2014, p.3). Paralelamente, en el contexto se produce poco conocimiento científico en relación a cifras mundiales: en 2017, en el área de educación, solamente 23 revistas en la región se encontraban indexadas a Scopus -Brasil (13), México (5), Chile (3) y Colombia (2)- a diferencia de Europa con 473 o Norte América con 354 (Cjuno y Arhuis-Inca, 2018). Además, entre los treinta países que lideraron la producción científica, en 2018, únicamente se encontró a Brasil en el puesto 14 y a México en el 27 (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2020).

Sumado a ello, en los centros de estudios de Latinoamérica existen manifestaciones en la geopolítica del conocimiento que son responsables del dominio epistémico: “hegemonía del idioma inglés en la publicación científica, los índices bibliométricos, las políticas de publicación, evaluación y recompensa científica y las integraciones asimétricas” (Sánchez et al., 2015, p. 182). En correspondencia, Levi-Strauss (1988) manifiesta que el medio escrito ha sido indispensable para fortalecer las dominaciones, razón por la que ha venido acompañado de la formación de las ciudades y los imperios, en las que los individuos se encuentran jerarquizados en castas y clases.

Las responsabilidades del Estado y los profesionales hacia la justicia cognitiva

Los caminos hacia el logro de la justicia social-cognitiva tienen sus complejidades, pues parecen no tener cabida por el siguiente hecho: “la distribución equitativa es imposible en las condiciones del capitalismo y el colonialismo, el conocimiento científico tiene unas limitaciones intrínsecas en lo que se refiere a los tipos de intervención práctica que posibilita” (Santos, 2014, p.235). No obstante, se considera que los Estados y los profesionales para generar justicia social-cognitiva están llamados a intensificar las siguientes tareas:

Primero, los Estados deben invertir más en programas de apoyo económico y en políticas compensatorias a favor de los grupos socialmente desfavorecidos: es ineludible generar a nivel nacional acciones que ayuden a mitigar las deserciones académicas de individuos que se encuentran en desventaja socioeconómica, así como es indispensable contar con estrategia para compensar las inequidades y brindar a todos acceso a servicios educativos, en especial, a aquellos que por diversos factores no han podido ser parte de una educación formal.

Segundo, los Estados deben invertir más en la capacitación de los docentes públicos y en la formación de los estudiantes: es necesario optimizar condiciones que permitan a educadores y educandos universitarios dedicarse a la investigación y a la formación permanente, con la finalidad de posibilitar la creación de proyectos sostenibles e indicadores propios que den respuestas a las necesidades regionales. Lo anterior, desde una mirada de desarrollo de competencias humanas que apunten a la construcción de sociedades más justas, equitativas, libres y democráticas.

Tercero, los Estados deben invertir más en el fortalecimiento de las universidades públicas: es propicio destinar suficientes recursos al mejoramiento, ampliación y creación de infraestructuras, así como a la implementación de equipamiento y de plataformas digitales. Dentro de esta inversión deberían figurar cifras para laboratorios, centros de prácticas, fortalecimiento de revistas institucionales y el pago de repositorios. Las acciones mencionadas apuntan a preparase académicamente en espacios idóneos, a potenciar la creación y distribución de conocimiento endógeno, y a posibilitar el acceso a resultados de investigación de manera más amplia e igualitaria.

Cuarto, los profesionales que trabajan en los sílabos académicos de las instituciones de tercer nivel deben reevaluar la bibliografía que se utiliza: es pertinente, para dejar de ser colonia cognitiva, que los pensum educativos fomenten una formación latinoamericana, promuevan el plurilingüismo, revaloricen conocimientos y conecten con las necesidades de desarrollo socio-económico de los territorios.

Quinto, los profesionales deben asumir la responsabilidad social de retribuir con sus conocimientos al contexto regional: es fundamental que todos los individuos formados en la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, y siendo testigos de que el dominio epistémico ignora experiencia humana y genera grandes desigualdades en el contexto, tienen la responsabilidad de cuestionar y producir conocimientos desde una mirada emancipadora, en búsqueda del bienestar de las minorías, en contra de la diferenciación y a favor de la transformación de la matriz productiva Latinoamericana.

Sexto, los profesionales deben contribuir en el proceso de popularización y democratización del conocimiento: es necesario que desde cualquiera que sea el ámbito en el que se desenvuelvan los individuos se involucren en debates de políticas públicas a favor del acceso, permanencia y egreso del sistema superior, así como en el mejoramiento del nivel de educación de los históricamente relegados. Sumado a ello, es relevante el aporte didáctico que se haga desde diferentes áreas de especialización y que se participe en la formación de sujetos políticos.

Tanto el Estado como los profesionales son responsables de atender el derecho a la educación desde la cooperación mutua, por ello más allá de los puntos mencionados para generar justicia social-cognitiva existen muchísimo otros que promueven y contribuyen la construcción de sociedades más igualitarias.

Conclusión

El ingreso a la educación terciaria, en Latinoamérica, si bien se expandió en las últimas décadas por factores como el aumento del PEI y la implementación de políticas educativas, la permanencia y el egreso en el sistema superior no se plasma en cifras iguales dentro de todas las clases sociales. Existe una reproducción de inferioridad desde la que el origen de los individuos es crucial para reforzar o no la exclusión. Sumando a ello, en el contexto regional el pensamiento hegemónico de la Modernidad Occidental prevalece, al considerar que la ciencia y lo extranjero es poseedor de la verdad absoluta mientras otras formas de pensamiento no son legítimas. En el marco de todo ello, las acciones de los países a favor de la garantía educacional para todos y el reconocimiento a diversas formas de saber han logrado contrarrestar, pero no mitigar en su totalidad las desigualdades.

A partir de lo anterior, se considera que los Estados tanto como los profesionales tienen la responsabilidad de intensificar tareas a favor de la justicia social-cognitiva, que permitan la construcción de sociedades más libres, equitativas y sostenibles. A partir de ello la propuesta que se hace se direcciona a la necesidad de que los Estados inviertan más en: ayudas económicas, políticas compensatorias, capacitación de docente, formación de los estudiantes y fortalecimiento de las instituciones. Así como los profesionales están llamados a reevaluar la bibliografía que se utiliza en la enseñanza, retribuir con sus conocimientos al contexto regional y contribuir en el proceso de popularización y democratización del saber.

Referencias Bibliográficas

Anguiló. A. La universidad y la globalización alternativa: justicia cognitiva, diversidad epistémica y democracia de saberes. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, (22). https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Antoni%20aguilo%20LA %20UNIVERSIDAD%20Y%20LA%20GLOBALIZACIoN%20ALTERNATIVA.pdf

Bellei, C. (Coord), Poblete, X., Sepúlveda, P., Orellana, V., y Abarca, G. (2013). Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en Santiago. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIE D-espanol.pdf

Borja, C. (2014). Publicar y escribir: tan cerca y tan distantes. Enseñanza e Investigación en Psicología, 19(2). https://www.redalyc.org/pdf/292/29238007014.pdf

Cjuno, J., y Arhuis-Inca, W. (2018). Revistas latinoamericanas de educación Indexadas en Scopus. In Crescendo, 9(1), 127-130. https://www.researchgate.net/publication/325999251

Elacqua, G., y Martinez, M. (2018). El gasto en educación: cuando cada centavo cuenta. En Izquierdo, A., Pessino, C., Vuletin, G. (Eds). Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos (pp. 183-213). Banco Interamericano de Desarrollo. https://flagships.iadb.org/sites/default/files/dia/chapters /DIA2018-Mejor-gasto-para-mejores-vidas-Cap-6-El-gasto-en-educacion-cuando- cada-centavo-cuenta.pdf

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. (2020). Producción científica. Fuente SciVal-Scopus. https://icono.fecyt.es/principales-indicadores/produccion-cientifica

Gómez, J. (2010). La colonialidad del ser y del saber: la mitologización del desarrollo en América Latina. El Ágora, 10(1), 87-105. https://www.redalyc.org/pdf/4077/407748992005.pdf

Rama, C. (2018). La problemática del financiamiento de la educación superior en América Latina. Cuadernos de Universidades, 1(7), 1-8. https://www.udual.org/principal/wp- content/uploads/2018/06/RE7.pdf

Lévi-Strauss, C. (1988). Lección de escritura. Tristes tópicos. Barcelona: Paidós.

Marchese, E., y Peralta, M. (2012). Reseña de: Ezcurra, A.M. (2011). Igualdad en Educación Superior. Un desafío mundial. Cuestiones de Sociología, (8). http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/33641/Documento_completo.pdf?seq uence=1&isAllowed=y

Rodríguez, S. (2016). Logros educativos en el nivel de instrucción superior y movilidad educacional intergeneracional en Argentina. Sociológica, (88), 167-200. http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v31n88/0187-0173-soc-31-88-00167.pdf

Sánchez, N. (2015). La producción científica latinoamericana desde una mirada poscolonial. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, 8(2), 182-202. http://eprints.rclis.org/32986/1/2015produccion%20cientifica%20mirada%20poscolon ial.pdf

Santos, B. ((2007). Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, 3-46.

Santos, B. (2014). Justicia entre saberes: Epistemologías del Sur contra el epistemicidio. Traducido por Filella, R. España: Morata

Schuliaquer, I. (2011). Modelos de igualdad para la justicia, en la sociedad y en la escuela. Entrevista a François Dubet, por Ivan Schuliaquer. Propuesta Educativa 2(36), 79-85. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403041707008

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Published on 05/10/21
Accepted on 05/10/21
Submitted on 05/10/21

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