El posgrado en la Universidad Veracruzana en la era de los indicadores: análisis histórico del proceso de gobernanza, un estudio de caso (1990-2018), tensiones y prácticas dinámicas.

Por: Emmanuel Álvarez Hernández

Fidencio Ocaña 83, Col. Ferrer Guardia, Xalapa Veracruz México. CP. 91026

Universidad Veracruzana

Instituto de Investigaciones Histórico - Sociales.

Estudiante del Doctorado en Historia y Estudios Regionales.

Profesor de la Facultad de Pedagogía, escolarizado, región Xalapa, de la Universidad Veracruzana.

Número telefónico: (Móvil) 2283570347

Personal emmanuel.alvarezh@gmail.com

Institucional emalvarez@uv.com.mx

Currículum Vitae de Emmanuel Álvarez Hernández

Licenciado en Pedagogía, en filosofía y maestro en filosofía por la UV. Realizó estudios doctorales en educación. Estudia actualmente el Doctorado en Historia y Estudios Regionales en el IIHS-UV. Profesor de la Facultad de Pedagogía, UV; así como de la Universidad de Xalapa. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura sobre una tópica diversa en el campo educativo. Ha sido miembro del CIVE-SEV. Actualmente realiza una investigación sobre políticas del posgrado y la investigación en la Universidad Veracruzana, gestión de la calidad en la educación superior y gobernanza universitaria. ORCID: 0000-0002-5255-8087


El posgrado en la Universidad Veracruzana en la era de los indicadores: análisis histórico del proceso de gobernanza, un estudio de caso (1990-2018), tensiones y prácticas dinámicas.

Por: Emmanuel Álvarez Hernández

Resumen

Este trabajo analiza la relación entre gobernabilidad y autonomía, a partir de una investigación de posgrado en la Universidad Veracruzana. Metodológicamente, utiliza un enfoque de análisis discursivo, descriptivo y organizacional. La referencia empírica se fundamenta en discursos textuales, marcos normativos nacionales e institucionales desde un sistema de co-gobierno y una gestión de la calidad de la educación superior.

Palabras clave: Gobernanza universitaria, autonomía universitaria, gestión de la calidad, políticas del posgrado.

Abstract

This work analyses the relationship between governance and autonomy, departing from a graduate studies research at the Universidad Veracruzana. Methodologically, it uses a discourse, descriptive and organization analysis approach. The empirical reference is grounded on textual discourses, national and institutional regulatory frameworks from a co-government system and a Higher education quality management.

Keywords: university governance, university autonomy, Higher education quality management, graduate studies politics.

Introducción

El presente artículo de investigación describe el proceso de transformación que la gobernanza del posgrado ejerce sobre la autonomía de la Universidad Veracruzana; considerando que el nivel de posgrado realiza una función sustantiva vinculada a la investigación, a la profesionalización y la gestión de la calidad en las Instituciones de Educación Superior que gozan de autonomía, debe ser tratado de manera diferenciada al nivel de licenciatura, así como al resto del conjunto de funciones sustantivas que tienen las universidades públicas estatales.

El análisis de la relación entre gobernanza y autonomía, parte de un estudio de caso en el posgrado de la Universidad Veracruzana, que procede metodológicamente con un enfoque analítico discursivo, descriptivo y organizacional. El referente empírico se encuentra en los discursos textuales y marcos regulatorios nacionales e institucionales, desde lo que remite a un sistema de cogobierno y gestión de la calidad. El trabajo se articula con la investigación doctoral El posgrado en la Universidad Veracruzana en la era de los indicadores: análisis histórico del proceso de gobernanza, sus tensiones y prácticas (1990-2018).

En primera instancia, se presenta desde un marco historiográfico la recepción del concepto de gobernanza en el discurso educativo en las últimas 3 décadas, las formas en que se aborda y se adapta en diferentes escalas, internacional, así como en lo nacional e institucional. En segundo lugar se discute la implementación de las políticas educativas, de acuerdo con la identificación de tensiones normativas entre la autonomía y la gobernanza, prácticas discursivas como el caso de la internacionalización, y la gestión de la calidad. Por último se muestran aspectos de la gobernanza del posgrado y la gestión de la calidad en el contexto de la UV.

Con la finalidad de diagnosticar tensiones y giros conceptuales y prácticos entre gobernanza, autonomía y democracia e identificar actores que tienen acceso a la participación y a la toma de decisiones, así como los que quedan excluidos de ella; se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué cambios o reformas implican la gestión de la calidad en el posgrado de la UV que afecten o modifiquen conceptualizaciones y prácticas de la autonomía universitaria, así como de la democracia? ¿Qué efectos se han producido en las dimensiones sistémica e institucional de la UV? ¿De qué manera el posgrado de la UV se ha diferenciado y se ha articulado desde una perspectiva de políticas públicas?

Objetivos: explicar los cambios del posgrado de la UV en la búsqueda de la calidad, en la transición de los siglos XX – XXI. Identificar políticas internas y externas para describir y comprender los cambios en la democracia y la autonomía universitaria, a partir del dispositivo de gobernanza entendida como cogobierno y forma neoliberal de administración de los bienes.

Desarrollo

La era de los indicadores: contexto de la gobernanza del posgrado.

El contexto de la implementación de indicadores para el cumplimiento de metas en el posgrado y la investigación permitirá identificar las transformaciones en el gobierno universitario y en las prácticas académicas, a partir de la inserción de la corriente neoliberal en el campo educativo; así como entender la preeminencia de la gestión del cambio, su relación con los paradigmas de administración privada aplicada a contextos del sector público, que en consecuencia tienden a cambiar la concepción de la educación como un bien público a entenderla como un servicio comercial, que se visualiza especialmente en el posgrado de la UV.

En el contexto universitario, la gobernanza del posgrado implica un cambio de modelo de gobierno y gestión en la oferta del servicio educativo superior, estableciendo procesos y finalidades diferenciadas en las funciones sustantivas que conllevan la licenciatura y el posgrado. Efectúa un punto de inflexión y permite observar un efecto de desvinculación de la Educación Superior del compromiso y la función social y pública con baja selección en el ingreso que caracteriza a los programas de licenciatura; para revincularse en el nivel de posgrado de acuerdo a las exigencias de formación de recursos humanos de alto nivel, bajo esquemas de calidad, caracterizados por la rendición de cuentas, la transparencia, el concurso de financiamientos así como la selección rigurosa en el ingreso. Asimismo el crecimiento de la oferta de este nivel educativo ha respondido a una demanda de orden empresarial y productiva.

Se observa en la gobernanza de la educación superior, la inserción del discurso de la gestión de la calidad educativa. La gestión de la calidad ha generado la implementación de prácticas e instrumentos como mecanismos para medir o evaluar a través de indicadores que obedecen a un conjunto de metas o aspiraciones generadas por agentes externos a las instituciones educativas1, en consecuencia se advierte que el modelo de gobierno universitario fundado en la autonomía y la participación de su comunidad académica ha cambiado, o bien, se encuentra en tensión con la injerencia de agentes externos. Este fenómeno se percibe mejor en el posgrado y la investigación.

Asimismo se han observado, con ello, la creación de una oferta educativa diversificada y sobretodo, vinculada con los sectores productivos y comerciales, que por una parte convierten a las instituciones en poco eficientes, pero con alta rentabilidad y, por otra parte, insertan a las universidades estatales en un esquema de competencia y concurso tanto por financiamientos, como por los usuarios, académicos y estudiantes, es decir, el recurso humano es considerado como un capital.

En segundo lugar, se han eliminado, o se han reducido en lo posible, los escalafones, los concursos cerrados, los sistemas de permanencia y de ascenso más o menos automático. La idea es que el avance profesional dependa en todo momento de un mejor desempeño, susceptible de ser medido, cuantificado, evaluado por alguien ajeno a la profesión —el público, los clientes, o alguien que actúa en su nombre. Ese sentido tiene en el Reino Unido, por ejemplo, la supresión de la definitividad en las plazas de profesores universitarios, o en México, el mayor peso de la parte contingente del ingreso de profesores e investigadores (es decir, el ingreso que depende de indicadores de productividad) (Escalante, 2016, p. 60).

En consecuencia, hay una demarcación por la regulación, así como por la inserción de todos los usuarios a procesos de evaluación, con lo que se sigue una lógica empresarial, de indicadores, eficiencia, rentabilidad y desempeño, es decir, análogo a los procesos administrativos del sector privado, que han cambiado los modos de gobierno y afectado la autonomía2 de las Instituciones de Educación Superior (IES, en adelante), para el caso de México, el cambio de gobierno supone reducir los corporativismos de los profesionales.

El metarrelato legitimador de la educación moderna procede del dispositivo de la ilustración, a partir del cual funda su legitimidad científica y veritativa del edificio del saber: la universidad; asimismo legitima la práctica ética, política y social de los actores involucrados. En este contexto la Universidad (y todo el sistema educativo3) legitima su razón de ser a través del discurso emancipador. Sin embargo como se ha mencionado desde las últimas décadas del s. XX, las reglas del juego de la ciencia son menos idealistas y más performativas, su inflexión se orienta hacia la misma lógica de circulación de los capitales.

La transmisión de los saberes ya no aparece como destinada a formar una élite capaz de guiar a la nación en su emancipación, proporciona al sistema los «jugadores» capaces de asegurar convenientemente su papel en los puestos pragmáticos de los que las instituciones tienen necesidad […] Si los fines de la enseñanza superior son funcionales, ¿quiénes son los destinatarios? El estudiante ha cambiado y deberá cambiar más aún. Ya no es un joven salido de las «élites liberales» y más o menos afectado por la gran tarea del progreso social entendida como emancipación. En ese sentido, la universidad «democrática», sin selección a la entrada, poco costosa para el estudiante y para la sociedad si se considera el coste-estudiante per capita, sino acogiendo gran número de solicitudes, cuyo modelo era el del humanismo emancipacionista, aparece hoy como poco performativa. (Lyotard, 1998, pp.90-91).

El discurso funcionalista de la teoría de sistemas arraiga uno de los principios morales del neoliberalismo, a saber, la eficiencia (Escalante, 2016), si bien el sistema educativo optimiza las jugadas del sistema social, se convierte en un subsistema de selección de competencia profesional del sistema social. El sistema educativo a través de la universidad, más aún, a través de los programas de posgrado asegura los tipos de competencia que el mercado mundial solicita y los puestos que el sistema social requiere. La consecuencia directa recae sobre la función social de la formación universitaria afectando directamente el carácter de universalidad de la educación. Es decir, el modelo napoleónico de la universidad del Estado moderno, queda afectada y entra en competencia a partir de la inserción de un modelo empresarial. No sirve más a los fines de solidaridad y cohesión social, sino que se resignifica desde la economía del conocimiento.

Sin embargo considerando que entre lo público y lo privado hay una disputa en todos los niveles y en diferentes dimensiones del sistema educativo, hay que reconocer la forma en que se presentan los discursos que sustentan la evaluación y por ende, la transición a un enfoque neoliberal. Esto se deja ver en primera instancia con respecto de la implementación de sistemas métricos, creación de modelos educativos, recortes, controles y reducción del déficit del servicio educativo público, así como por la concepción de la educación en los términos de formadora de capital humano, es decir, como una inversión de los ciudadanos y con la misma lógica económica de oferta – demanda y devaluación – revaluación de la trayectoria académica4.

En la disputa entre el sector privado y el público sobre la educación, se ha introducido una serie de reformas dirigidas por el argumento de la ineficiencia, que ataca directamente a la burocracia del sistema público; sin embargo, menciona Escalante (2016), “cuando comienza la ola de reformas, eran sistemas educativos difíciles de comparar con los del pasado, con su desempeño en otro tiempo, ni con los resultados de exámenes de escuelas en países enteramente distintos” (p. 164). A falta de puntos de referencia comparativa, cabe destacar que la educación pública es el campo privilegiado para el combate ideológico. En consecuencia, a la escuela se le adjudican todos los problemas del presente, que en términos económicos, la cuestión escolar es representativa por su gasto público; está organizada de manera burocrática y con poca o nula rendición de cuentas, lo que muestra una eficacia dudosa.

La crítica neoliberal, no quiere desaparecer el financiamiento público, pero sí la oferta pública de educación (Escalante 2016). En el caso mexicano de la segunda década del s. XXI, dentro del tipo educativo superior, nivel posgrado, esta afirmación hace eco5. El sector privado ha ido ganando terreno en el campo con base en someter sus programas a evaluación y concurso, para obtener financiamiento público de los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Por otra parte, los intentos por querer desaparecer la oferta pública tienen implicaciones en la organización del Estado, ello conlleva a la reducción en sus funciones y tamaño, mas no su desaparición, ya que al contraerse, deja en manos del mercado, como de organismos descentralizados del Estado los servicios que antes proveía, como salud, educación, retiro, seguridad; quedando exclusivamente en manos del Estado la regulación y el financiamiento.

En torno a las disputas por la educación superior, se implementan una serie de políticas educativas que enmarcan un patrón socioeconómico neoliberal, que perfila estándares globales (Ramírez, Atriano & Rueda, 2014): Privatización, financiamiento y crecimiento; Políticas de evaluación y acreditación; Vinculación interinstitucional, Cooperación internacional; Investigación sobre las IES; Internacionalización del posgrado; Incorporación de la educación mediadas por las TIC, Transferencia del conocimiento, Gobernanza Universitaria; Sustentabilidad y Responsabilidad Social Universitaria.

Para Ramírez, Atriano & Rueda (2014), las políticas de privatización financiamiento y desarrollo en el contexto nacional, muestran un crecimiento del mercado, la reducción de la sociedad civil y la contracción del Estado. Las políticas para el sistema educativo se advierten contradictorias, por un lado fomentan el ensanchamiento de la matrícula, y por otro opuesto a la lógica de cobertura, reducen los financiamientos en educación superior e investigación6.

En 1990, el posgrado público despegó con una impresionante cantidad de 9 mil programas de posgrado en Especialidad, Maestrías y Doctorados, un crecimiento apoyado por la tecnología y la diversificación de modalidades, la creación de redes (como UNIVERCO o RIBIE) y la celebración de convenios entre América Latina y la Unión Europea. Destaca la concentración del 51% en el nivel de maestría, revirtiendo para el contexto mexicano como para el latinoamericano, el crecimiento del nivel de licenciatura desde entonces. Considerando la baja cobertura educativa, el esquema de educación superior en México fue caracterizado hasta entonces como universidad élite (Ramírez, Atriano & Rueda, 2014).

Con respecto de las políticas de privatización financiamiento y crecimiento para la 2ª década del siglo XXI, respecto del posgrado en México, muestran un crecimiento del mercado, en el que la matrícula se distribuye de la siguiente manera: el total de la matrícula atendida a nivel nacional durante el ciclo escolar 2018 -2019, asciende a 361, 276 estudiantes (ANUIES, 2019). La matrícula atendida por el sector privado asciende a 221,756 estudiantes, lo que representa el 61%; mientras que la matrícula atendida por el sector público asciende a 139,511, lo que representa el 39%.


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Sobre las políticas de evaluación y acreditación cabe destacar que de la suma de programas académicos de posgrado particulares y públicos, forman un total de 9,940 P.A. (ANUIES, 2018-2019), de los cuales 2,394 se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACyT (PNPC, 2019). En estos términos podemos decir que hay una baja regulación de la oferta académica de posgrado, y un crecimiento desmedido, ya que solo el 24.08% de los programas a nivel nacional se encuentran acreditados por CONACyT; mientras que el 75.92% carecen de regulación.

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En este sentido se acepta parcialmente el argumento de Escalante (2016), ya que el comportamiento de los financiamientos tanto en el posgrado de calidad como en ciencia y tecnología son principalmente federales y se otorgan a través del PNPC - CONACyT, sin embargo, dos terceras partes de los programas académicos corresponden en su mayoría a la iniciativa privada, una oferta no regulada.

En lo que refiere a las políticas de cooperación internacional, podemos observar que en ello interviene el Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS), de los cuales destacan 4 modos de suministro de servicios, como son el comercio transfronterizo, que refiere a las corrientes de servicios del territorio de un miembro al territorio de otro miembro, como sucede con los programas recibidos a través de telecomunicaciones, sea educación virtual o a distancia; el consumo en el extranjero, fue el suministro del servicio más socorrido para la movilidad de estudios de posgrado, a pesar de ser sumamente costoso. En 2007 aún, se dirigían a la especialización, la maestría y el doctorado. La presencia comercial y la presencia de personas físicas. Han sido un par de suministro más del comercio de servicios en el marco de la internacionalización (AGCS, 1995).

Cabe destacar que a través de programas como COLUMBUS, más ampliamente aceptados por los diferentes países a nivel global, se pretendió el desarrollo de mecanismos que facilitaran el reconocimiento del valor crediticio de los estudios realizados, así como de las competencias adquiridas en las profesiones de Administración, Ingeniería electrónica, Medicina, Química, Historia y Matemáticas; sobre 4 ejes: formación de competencias profesionales, créditos académicos, evaluación y acreditación, y formación para la investigación y la innovación (Moncada 2011).

Sobre la política de internacionalización, se desconoce sus resultados en cantidad de programas y recursos económicos, además no hay claridad sobre el significado y las acciones de la internacionalización, aún no se percibe el impacto en las funciones sustantivas; además se advierte una falta de coordinación entre las políticas de cooperación internacional con las políticas de desarrollo productivo, económico y de ciencia y tecnología, así como poca aplicación en las regiones. Por ejemplo, el presupuesto que se dedica a investigación, 0.5% del PIB, cifra considerablemente inferior al promedio de los países de la OCDE equivalente al 2.3% (Ruelas, 2019), observamos falta de coherencia entre la política y lo político.

Por otra parte, se reconoce la internacionalización como un programa altamente centralizado, y en la actualidad, tiene sentido si se le vincula al desarrollo de la investigación. Para José Joaquín Brunner (en Ramírez, Atriano & Rueda, 2014) de acuerdo a la investigación, se crean tres segmentos dentro del subsistema de posgrado.

1º. Universidades complejas, comparables a las de los países desarrollados, con un buen equilibrio entre docencia (posgrado), investigación y servicio a la sociedad. Se sitúan casi exclusivamente en vinculación a cuatro grandes clústers: México, DF, (y su zona metropolitana); Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina; y unas cuantas ciudades de Brasil como Sao Paulo, Río de Janeiro, Campinas, entre otras. Con todas ellas no llegan a 3%. 2º. Universidades importantes en las principales ciudades de todo el continente, bien organizadas, con selectos cuadros de profesores e investigadores de tiempo completo, en su gran mayoría con grados de maestro en Ciencias y doctores, y un impacto significativo en sus respectivos países, pero más centradas en docencia del posgrado y que sólo tienen algunas unidades de investigación aisladas. Aunque muchas de ellas con cierto desarrollo de investigación y formación de investigadores de vinculación internacional. Estimamos que constituyen no más de 7% de la realidad universitaria latinoamericana. 3º. El 90% restante son universidades centradas en la docencia en licenciatura, o pregrado, con poquísimo desarrollo del posgrado-investigación y un aporte a los contextos sociales muy limitado. En México, la UNAM, la UAM, el IPN y la UACh, entran en la categoría de universidades complejas que han vinculado los estudios de posgrado a la investigación y el servicio. Lo curioso es que si bien están colocadas en el peldaño de universidades complejas vinculadas al posgrado y a la investigación, el empeño sigue siendo lograr un mayor impacto internacional, entablar convenios con universidades de otros países para ofrecer proyectos de investigación colectivos, e impulsar y desarrollar programas de formación de investigadores de manera compartida, con créditos de doble o triple reconocimientos y por tanto, grados homologados con validez oficial internacionalmente (p.7).

Nuevamente como se demuestra, el sentido de la internacionalización del posgrado se difumina ya que solamente se justifica en aras de visualizarse globalmente y participar dentro de los rankings y métricas institucionales. Asimismo la internacionalización se presta a confusión, a pesar de tener un significado preciso que distingue la internacionalización educativa de la internacionalización del posgrado, donde ésta última significa “incorporación de rasgos académicos con estándares de alta calidad que el mundo científico-tecnológico y económico social demanda” (Ramírez, Atriano & Rueda, 2014, p.8).

La internacionalización educativa, en cambio, busca una formación común de los futuros profesionales e investigadores para que en el corto plazo se acceda, sin conflictos al intercambio y movilidad magisterial y estudiantil, a los distintos países incluidos en los tratados internacionales, como el TLCAN, bajo las reglas del comercio de servicios.

La internacionalización en el posgrado de la UV, constituye un indicador de una política externa que dimana del nivel PNPC, refiere al máximo grado de desarrollo de un programa académico de posgrado. Por otra parte, a partir de 2010 la UV funda la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). En 2013, la internacionalización se presenta como un conjunto de estrategias dentro del marco del AGCS, que tienen el objetivo de integrarse como una dimensión de las funciones sustantivas universitarias, a partir de entonces se dispuso de recursos y programas como el Programa para la Movilidad de la UV, PROMUV, así como de infraestructura tecnológica y académica como la escuela para estudiantes extranjeros, programas de certificación y aprendizaje de idiomas con la finalidad de lograr cooperación, movilidad y establecimiento de redes (DGRI, 2013-2017). Hacia 2017 la internacionalización adquiere una jerarquía en el conjunto de políticas institucionales, como un tema transversal (UV, 2017-2021).

Si observamos bajo estos ejemplos de políticas públicas expuestas, se entiende que las reglas del mercado se ofrecen contradictorias. Sin embargo, esta contradicción genera una tendencia en favor del mercado, es decir, lo que se ofrece es, por un lado el cumplimiento del mercado global, al mismo tiempo que se regula el financiamiento de un servicio que se provee en su mayoría a través de las IES públicas. Se mantiene bajo vigilancia al proveedor del servicio por ser instituciones públicas en su mayoría, que participan en esquemas de financiamiento federal, a través de programas de productividad y acreditación curricular (pertenencia al SNI y PNPC), sin eliminar el financiamiento, ni su fuente. Ahora bien como resultado de la política pública en el posgrado, se favorece al sector privado, toda vez que no se regula el servicio que ofrece, liberando así el crecimiento de la oferta del nivel, en consecuencia, el argumento de la eficiencia se devela como un mito, debido a que se reduce el gasto gubernamental en el servicio público, sometiendo el financiamiento a concurso, al mismo tiempo que liberaliza la oferta particular de posgrado, de manera desregulada, por lo tanto la masificación de la oferta del posgrado en manos de particulares limita su calidad. Por lo tanto el imperativo de la eficiencia en la oferta del servicio generado a través de la libre competencia que supone la economía de mercado, no es punto de referencia.

En suma, como afirma Escalante (2016), se trata de que las universidades se vinculen al mercado, y de ser posible que funcionen como mercados, que se regulen a través de un sistema de estímulos, que produzcan patentes, que obtengan financiamientos a base de su investigación y productividad. Sin embargo no deja de ser dudosa la dinámica dispersa del conjunto de políticas, sobretodo, aquellas dirigidas al financiamiento de los sectores de posgrado e investigación públicos, que regula estrictamente al sector que participa de los financiamientos públicos, mientras que libera al sector privado de la rendición de cuentas, la gestión de la calidad, la vinculación productiva, la pertinencia social y económica.

Orígenes de la Gobernanza y su recepción en el discurso educativo.

En este apartado se destaca el alcance de la reflexión teórica sobre la gobernanza educativa así como la ausencia del análisis crítico de un enfoque que predomina en la concepción de las políticas en la educación superior pública, para visualizar el impacto que tiene sobre la autonomía y la democracia.

“La gobernanza se origina en las corrientes de la NGP” (Aguilar, 2010, p.187) Nueva Gestión Pública, que han influido en la administración gubernamental7. Las corrientes de la NGP tanto la administrativa, como la institucional-estatal han sido interdependientes, ambas se caracterizan por un modo gerencial de administración pública, ante la crisis del Estado social de 1970 en cualquiera de sus variantes, socialdemócrata, socialista, asistencial, de bienestar, de desarrollo (Aguilar, 2010).

La Gobernanza conlleva la desconcentración de obligaciones o servicios e implica la descentralización en la toma de decisiones, transforma los esquemas de gobernabilidad, en la que desplaza la capacidad decisoria hacia los mercados, los organismos privados, empresariales o civiles, los gobiernos locales, los mandos medios y operadores de la administración o hacia organismos públicos autónomos, demostrando de esta manera que, la descentralización decisional es una condición del alto desempeño, así como el costo-eficiencia de las operaciones.

Ha sido un concepto descriptivo que refiere a las prácticas gubernamentales para la ejecución de políticas, programas y servicios, ha tenido un contenido teórico a partir de evidenciar que “el gobierno había dejado de poseer los recursos requeridos, así como la autonomía para definir y efectuar la dirección de la sociedad por sí mismo” (Aguilar, 2010, p. 200).

Si bien la gobernanza surge como una alternativa que renueva la administración pública frente a la crisis económica, cabe preguntar, ¿En qué momento y bajo qué circunstancias se adopta la gobernanza en el sector educativo? Así como ¿por qué es necesario dirigirse al posgrado?

En primera instancia cabe destacar que la elaboración de políticas educativas que comenzaron por promover la calidad, fomentó el interés por la calidad en diferentes agentes sociales; primero los sindicatos y posteriormente la sociedad civil organizada. En el caso de la educación básica, la gestión del cambio data desde el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de 1993 y supone comenzar a consolidarse a través de los consejos de participación social 2013.

Para la educación superior, se recupera el marco conceptual de José Joaquín Bruner, apegado a la definición de Harvey (en Brunner 2011), “la gobernanza en la educación superior se refiere a la manera en que las instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente y a sus relaciones con entidades externas con vistas a aseguras los objetivos de la educación superior” (p.139).

Con base en la definición, Brunner (2011) ofrece 4 modelos universitarios, que pueden converger históricamente con cambios y adecuaciones que han identificado a la universidad desde su refundación moderna, a) la universidad napoleónica, de fuerte presencia estatal, centralizada y con un sentido de realización profesional al servicio de una autoridad tecnoburocrática del Estado; b) Autogobierno universitario, claramente encarnan al modelo de Bolonia, París y Oxford, caracterizado por la gobernanza colegial, dirigida por académicos y con independencia financiera promovían los principios de colegialidad, autogobierno y gestión; c) Modelo de Partes interesadas, gestiona los intereses internos y externos, se desenvuelven en mercados diseñados por el Estado para inducir a la competencia y estimular la capacidad de obtener ingresos más allá de los financiamientos públicos, aumentar su eficiencia interna y externa, eficientizar el gasto, y generar excedentes en función de las políticas y planes de desarrollo. Se caracteriza por los dispositivos de control a distancia como programas de incentivos, mecanismos de evaluación, gestión de la información y se reorganiza bajo la NGP: búsqueda de resultados, medición de indicadores de desempeño, propicia la reorganización de la administración universitaria pública. 4) Emprendimiento privado. Este modelo pondera los intereses de los agentes externos, promueve el liderazgo y la cultura emprendedora al nivel organizacional (Brunner, 2011).

Desde el punto de vista político, hay dos cambios desde la perspectiva política y la académica. En primera instancia, a escala internacional se debe considerar la gobernanza a partir de la cual se localizan a los organismos internacionales incidiendo en las políticas nacionales, las cuales terminan por ser gerenciadas por los órganos de gobierno de la IES así también coordinadas por los gobiernos nacionales que dan pauta para orientar la acción de la educación superior a escala mundial. Se debe considerar las implicaciones del neoliberalismo en la educación superior, tomando como base las consecuencias político-académicas de dos documentos clave el Consenso de Washington y el Acuerdo General del Comercio de Servicios donde se verá de manera más específica a escala institucional el marco de gobernanza.

En consecuencia, al considerar la transformación que trae consigo la New public management (Nueva Gestión Pública, NGP), cambia por completo el conjunto de prácticas académicas que afectan la toma de decisiones.

La idea que le sirve de punto de partida es que no hay diferencias significativas entre la administración del sector público y la del sector privado. Ambas obedecen a una misma lógica, admiten la misma clase de racionalización.

El primer paso consiste en liberar a los administradores del control de los líderes políticos, y de todas las servidumbres y limitaciones que impone la política. A continuación, se puede establecer un mecanismo de evaluación a partir del desempeño, de modo que los funcionarios rindan cuentas en los mismos términos que cualquier empleado en una empresa, y se puede imponer una nueva actitud, un “ethos” de servicio al cliente. Desde luego, para conseguir eso es necesario eliminar el sistema de la burocracia pública: plazas fijas, definitividad, escalafón, ascenso por antigüedad, e imponer entre otras cosas un régimen de remuneración flexible, que sirva para ofrecer incentivos.

Aclaremos en un paréntesis que la homologación de los dos campos implica de hecho la superioridad de la administración del sector privado, porque sigue las señales del mercado, y no está sujeta a las irracionalidades de la política (Escalante, 2016, p.177).

Ello implica la mejora continua y la ponderación del logro educativo, se implementa la cultura de la evaluación en diferentes sentidos, sea de aprendizajes, docente, de planes y programas e institucional. La nueva gestión pública conlleva la gestión de la calidad, en la que el posgrado cumple una tarea importante al encargarse del Sistema Interno del Aseguramiento de la Calidad en la Universidad Veracruzana.

Por lo tanto, la gobernanza se ha posicionado como un eje prioritario para la recuperación de las funciones directivas del gobierno desde un modelo innovador, que centra su interés en acciones de política pública que contribuyan al bienestar social, dirigidas al combate a la corrupción, la calidad de los servicios públicos, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto; a través de la cooperación, la interdependencia y la participación ciudadana.

En este sentido, los propósitos de la educación superior han cambiado, ya no se dirige a la formación de las élites liberales que conducen al pueblo a su emancipación; se orienta al logro del bienestar social, a través de prácticas de interdependencia, cooperación, participación ciudadana y responsabilidad social, que se recogen en la gestión de la calidad para la gobernanza de la educación superior.

Para Escalante (2016), la Nueva Gestión Pública (NGP) es un enfoque neoliberal adoptado en la década de 1990, que está detrás del enfoque que se conoce como gobernanza, muy parecido a las teorías de la administración. Sin embargo, en este aspecto hay una divergencia en la conceptualización de la NGP y la Gobernanza. Como sostiene Aguilar (2010), la capacidad y eficacia del gobierno en dirección con la sociedad ha tenido dos líneas de acción: 1) La Nueva Gestión Pública, que propone un modo gerencial postburocrático de administración pública, descentralizada, como un esquema de gerencia pública y dirigida al logro de resultados; 2) la Gobernanza o Nueva Gobernanza que busca establecer un modo postgubernamental de gobernar en numerosos asuntos públicos, que se ejerce mediante redes, sinergias y asociaciones entre actores del gobierno y actores de la sociedad económica y civil y que se considera es el proceso de gobernar apropiado para las condiciones sociales actuales, pues incrementa las capacidades, recursos y alcances de los gobiernos.

Gobernanza en Educación Superior.

La gobernabilidad refiere conceptual y prácticamente a la eficiencia en la toma de decisiones que se implementan a través de políticas públicas y a la legitimidad de la acción gubernamental. La eficiencia en la toma de decisiones conlleva la atención a las demandas sociales a través de políticas pertinentes y viables que generan resultados satisfactorios. En consecuencia, la toma de decisiones conlleva la implementación o ejecución de acciones que han de ser legítimas, la legitimidad de la acción deviene de la articulación de voluntades para la consecución de los resultados o fines en un marco de libertad de elección.

Con base en tales elementos, la gobernabilidad es definida de acuerdo a una demostrada capacidad del gobierno para gobernar. Ello implica, por un lado, el alcance de un relativo poder de control sobre los distintos ámbitos de la vida económica, política, social y cultural, conforme a una agenda gubernamental determinada. Por otro, el despliegue de condiciones para auspiciar los proyectos y actividades de la ciudadanía en dichos ámbitos. El grado en que ambos aspectos se consiguen materializar depende tanto de los recursos con los que cuenta el Estado para tales fines, como de la trama normativa e institucional construida al efecto (Rodríguez, 2015, p. 302).

En la educación superior, y particularmente en la Universidad Veracruzana, la gobernanza, se ha concebido como sinónimo de gobernabilidad y de gestión de la calidad, que por un lado le ha brindado mayor autonomía en sus procesos académicos y financieros, de organización y gobierno, al mismo tiempo que ha logrado un gran crecimiento y consolidación de los programas de posgrado e investigación.

Los regímenes democráticos contemporáneos enfrentan un dilema básico: instrumentar soluciones que respondan a las crecientes y plurales demandas sociales de acceso y participación en la distribución de recursos, y al mismo tiempo cumplir con metas de crecimiento económico y satisfacción de compromisos de eficacia y transparencia en la gestión (Rodríguez, 2015, p. 303).

La Gobernanza da lugar a planteamientos paradójicos que trastocan los derechos conquistados y funcionales para el Estado de bienestar, y privilegia por otra parte los derechos de una sociedad de servicios, generando paradojas entre el outsourcing y la participación ciudadana8.

En la perspectiva de Rodríguez (2015), la gobernanza se apoya en la participación activa, de grupos y organizaciones interesados que no forman parte integral del gobierno o de la institución. La gobernanza funge como un esquema de gobierno democrático ampliado, que articula la participación tanto pública como privada, nacional o internacional, en su caso; empleando modelos de gestión política centrados en la “nueva gerencia pública” (Rodríguez, 2015, p.304). Al esquema de gobernanza obedece la conformación de instancias y organizaciones, con autonomía plena o relativa del Estado, el cual ocupa una función reguladora. Por lo tanto, las funciones de consulta, vinculación, supervisión y control de la acción de gobierno son delegadas a organismos gubernamentales como CONACYT, SNI, PROMEP; así como no gubernamentales CENEVAL, ANUIES y COMEPO para el caso del posgrado.

En este sentido, para el caso del posgrado, la gobernanza y la nueva gestión o gerencia universitaria del posgrado han generado nuevos mecanismos e instrumentos de gubernamentalidad, posterior a los procesos de descentralización y autonomía universitaria. A través de los organismos y programas gubernamentales, el Estado recupera el control y evidencia una tendencia política centralista que se refleja en la implementación de regulación externa eminentemente federal, como la acreditación del posgrado.

Una perspectiva organizacional y en tensión con la anterior, consideran de Vries y Álvarez (2014) se observa en la creación de planes temporales emergentes que devinieron en políticas de reforma laboral, que se visualizan fundamentalmente en el posgrado y en los centros de investigación y posteriormente se extendieron al resto de la docencia universitaria, como lo ha sido el Sistema Nacional de Investigación, así como en lo posterior el perfil PROMEP, actualmente perfil PRODEP. Al respecto se considera que las políticas sobre el financiamiento del posgrado en el sector público, están supeditadas a la regulación bajo el principio de eficiencia. Para de Vries y Álvarez, este esquema de retención y productividad consiste en pagos especiales, al margen de derechos laborales como la jubilación y el seguro social: “los académicos son evaluados por el gobierno federal, rebasando los reglamentos laborales locales o los contratos colectivos” (de Vries y Álvarez, 2014, p. 27); los estímulos sobre la productividad generan sin conceder derechos laborales a cambio.

En consecuencia se puede adelantar una conclusión parcial, siguiendo a Acosta Silva, se sostiene que en la actualidad el gobierno de las universidades pondera el gerenciamiento de políticas educativas, es decir, sus órganos de gobierno han perdido capacidad de decisión y propiamente coordinan políticas de organismos externos, en específico que representan los intereses de los organismos internacionales y del gobierno federal, creando segmentos. Sin embargo para los fines del presente trabajo, se afirma que muchas de estas políticas son adaptaciones que terminan siendo filtradas a nivel local sobre todo en las instituciones que gozan de autonomía y la ejercen, ya que estas últimas tienen funciones diversificadas, estructuras normativas y actores que hacen contrapesos (Acosta, 2014).

Gobernanza del posgrado en la gestión de la calidad UV.

La autonomía que gozaba la UV desde su creación hasta 1996, se limitaba a la toma de decisiones para elaborar sus planes y programas, así como a la libertad de cátedra, es decir, se habla de una autonomía curricular y académica exclusivamente.

A partir de 1996, la autonomía obtenida a través de la reforma a su ley orgánica, faculta a la universidad para decidir sobre su gobierno y de esta forma instituye la junta de gobierno como su atribución. En lo posterior, hacia el 2018, la autonomía que obtiene la universidad es de orden financiero, para manejar con libertad sus presupuestos y sin la intermediación del gobierno del estado, para mantener una relación directa con el gobierno federal, de esta manera no solo concurre en las funciones sustantivas en el cumplimiento del objeto educativo, que es responsabilidad del Estado, sino que mantiene una relación horizontal con el estado y la federación, al mismo tiempo que desplaza la subordinación jerárquica.

La autonomía de la Universidad Veracruzana, se enfrenta a la ampliación de su marco regulatorio, reconoce lo dispuesto por normatividades de autoridades externas que se reconocen en el marco jurídico como tratados internacionales, leyes federales y estatales, para armonizarlo con su normatividad institucional interior. En este ejercicio la universidad se enfrenta a conciliar las diferencias entre dos marcos regulatorios, de lo cual surgirán controversias constitucionales o administrativas, de las que requiere para su resolución de la participación y del juicio de una tercer autoridad externa al gobierno universitario. De este modo acontece la dinámica del posgrado en la UV, debido a mantener un doble referente normativo.

Por otra parte, la gobernanza del posgrado en la gestión de la calidad nos conduce a reconocer, la presencia del posgrado en la región, para localizar la oferta del posgrado de la Universidad Veracruzana.

El posgrado en el estado de Veracruz, forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior. Se integra de los niveles de especialización, maestría y doctorado. De acuerdo con el anuario estadístico de educación superior de posgrado9 correspondiente al ciclo escolar 2018- 2019, en la entidad Veracruzana 10, existe la atención a una matrícula de 12,219 estudiantes de posgrado, en los niveles de especialización en un 10.20%, maestría en un 78.80% y doctorado en un 11%. Esto quiere decir que la gran concentración se encuentra en los estudios del nivel de maestría, que corresponde a una matrícula estudiantil de 9,631.

Esta demanda es atendida a través de una gama amplia de Instituciones de Educación Superior (IES); ya sean públicas o particulares que se subdividen en universidades públicas estatales que gozan de autonomía, universidades estatales con la figura de organismos públicos descentralizados, centros de estudios de posgrado, asociaciones civiles, universidades particulares, institutos de estudios superiores, centros de estudios superiores, institutos tecnológicos, colegios de posgrados, universidades politécnicas, institutos de investigación, centros de investigación entre otros.

Los propósito del siguiente mapa (véase mapa 1) son mostrar la disposición de la cobertura general del posgrado en Veracruz, representar los municipios con mayor concentración de programas académicos y comparar la cobertura de la Universidad Veracruzana frente a la totalidad de programas, provengan de financiamientos públicos o particulares. Esto representa la totalidad del subsistema de posgrado en la entidad Veracruzana de acuerdo con ANUIES.

En su totalidad, suman 174 IES que ofrecen estudios de posgrado a través de 725 programas académicos de posgrado11. En el nivel de especialidad se localizan 110 programas académicos equivalentes al 15.17%; 535 equivalente al 73.80% corresponde a la oferta de maestrías; 80 de estos programas equivalentes al 11.03% son doctorados.

Cabe destacar que la oferta del posgrado en la entidad Veracruzana está presente en tan solo 33 municipios de los 212 que integran el Estado de Veracruz. Esto equivale al 15.56% del total de municipios en la entidad veracruzana; sin embargo, a pesar de existir presencia del posgrado en diferentes subregiones a lo largo del estado de Veracruz, se encontró que aún persiste una distribución desigual y altamente centralizada, concentrada en el municipio de Xalapa, capital del estado, la cual cuenta con 316 programas académicos de posgrado, lo que representa el 43.58% de la oferta en la entidad; subsecuentemente, el municipio de Veracruz concentra una presencia significativa de programas, 138 programas equivalentes al 19.03%. Otras ciudades que concentra una atención regular de programas son Coatzacoalcos, Orizaba, Boca del río, Poza Rica, Córdoba y Ciudad Mendoza, consecutivamente (ANUIES, 2019).

De acuerdo con el Anuario estadístico de Educación Superior, para el posgrado del ciclo escolar 2018 – 2019, la Universidad Veracruzana tiene presencia en 12 municipios. El posgrado de la UV se ofrece a través de 93 dependencias, el número de programas académicos de posgrado con que se cuenta de acuerdo con ANUIES, asciende a 170 registros, este dato incluye programas activos, es decir con registro, pero que no necesariamente hayan reportado matrícula en el ciclo escolar. Debido a esta información, nos vemos en la necesidad de consultar las fuentes de información del PNPC-CONACYT para poder dar cuenta de las diferencias existentes en los distintos sistemas de gestión de la información.

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De acuerdo con la información proporcionada por el padrón nacional de posgrados de calidad (PNPC), en el 2018, la distribución en el posgrado de calidad veracruzano se realizó de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución de posgrados de calidad en Veracruz PNPC 2018.
Distribución de IES-PE-ÁREAS Biología - Química Biotecnología y Ciencias Agropecuarias Ciencias Sociales Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra Humanidades y Ciencias de la Conducta Ingenierías Medicina y Ciencias de la Salud
CIESAS 1
COLPOS 3 1
COLVER 1 1
Instituto de Ecología A.C. 2
I.T.B.R. 1 1
ITO 6
ITVER 1 2
ITS Misantla 2
ITS Poza Rica 2
ITS Tantoyuca 1 1
ITS TB 1
ITS Xalapa 1
LANIA A.C. 1
Secretaría de Marina 2
Universidad Veracruzana 10 14 10 4 16 11 8
Parciales por área 12 21 12 6 17 27 9
Elaboración propia. Datos PNPC-CONACYT 2018.


La tabla 1. Nos permite hacer la comparación de dos dinámicas de la gestión de la calidad en posgrado. En primera instancia, en la dinámica estatal, se refleja el crecimiento del posgrado en el área de conocimiento de Ingeniería, entonces hay un crecimiento de la cobertura de índole tecnológica es importante destacar esta cifra en el ámbito institucional de la Universidad Veracruzana, ya que en una parte significativa contribuye a la tendencia y ponderación de programas tecnológicos. Por otra parte, otras áreas de conocimiento que se promueven con mayor relevancia a nivel estatal,

En lo institucional, se observa que la UV, tiene una presencia importante en la región veracruzana, ya que representa el 70.17% de la oferta de posgrado en Veracruz. Ahora bien, con respecto de este dato, se demarca la preeminencia explícita de un esquema de gobernanza del posgrado, que supere la mera desagregación regional de programas generales estatales, debido a que como se observa en la tabla 1, la oferta académica que identifica a esta institución es ser de orden humanista, lo cual se refleja en la gestión de la calidad del posgrado, ya que ocupa el ámbito más amplio de su oferta con el 21.91%.

De acuerdo con la tabla 1, la UV contaba desde entonces con 73 programas de posgrado en el PNPC, los cuales se distribuyen regionalmente de acuerdo con el Mapa 2. Se observa que existe una alta centralización de los programas en las Ciudades de Xalapa y Boca del Río. Sin embargo en contraste con el mapa 1., se observa que la región Coatzacoalcos- Minatitlán no cuenta con programas de posgrado de calidad.

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GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GOBERNANZA DEL POSGRADO UV.


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Por último, las dinámicas del desarrollo del posgrado en las diferentes escalas de acuerdo a las Áreas de conocimiento, demarcan la necesidad de particularizar la implementación de políticas estratégicas, para la consolidación y el desarrollo adecuado del posgrado, que permita preservar la identidad y diversidad institucional, así como la pertinencia socioeconómica de la región.

Imagen 3. Comparativa del desarrollo del posgrado por Área de conocimiento Nacional, estatal e institucional UV.


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De acuerdo con la imagen 3, en cuanto a la gobernanza y la gestión de la calidad del posgrado, se observa la dinámica del desarrollo de las áreas de conocimiento, en su comparación nacional, estatal e institucional. De ello resultan diferencias significativas en cuanto a las proporciones y contribución en lo estatal con respecto del desarrollo tecnológico y biológico agropecuario; mientras que en el caso del área de medicina se mira diferencias significativas con respecto de la media nacional. Por otra parte el desarrollo del área de físico-matemáticas y las ciencias de la tierra se comporta con la mínima presencia en las tres escalas.

En cuanto a la lógica institucional, se observa que a pesar de haber crecimiento en diferentes áreas de conocimiento, que se han dado con el desarrollo del posgrado, sigue imperando la oferta de programas de humanidades y ciencias de la conducta, que caracterizan a la identidad de la UV.


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|
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|
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|}


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Conclusiones

El alcance de este estudio ha sido descriptivo y comparativo, tomando como referente empírico los sistemas de gestión de la información y bases de datos de ANUIES, CONACYT y UV, los cuales nos han permitido diagnosticar la gobernanza y gestión de la calidad en el posgrado UV.

Se observa un estancamiento en la gestión de la calidad institucional de la UV, referida a los posgrados incorporados al PNPC, en ello se encuentran diferencias significativas propiciadas por la rotación de registros continua entre los programas de reciente creación, un estancamiento en el nivel de desarrollo, así como muy baja promoción de los programas.

El trabajo hasta estos momentos desarrollados, da lugar a nuevas preguntas, así como a profundizar la investigación e incorporar nuevos instrumentos de investigación que permitan analizar variables sobre el desarrollo del posgrado desde la inserción de indicadores externos, con el propósito de identificar acciones políticas institucionales para el crecimiento del posgrado, y su desarrollo en cuanto a la consolidación de los programas, así como a la internacionalización. Esta información demostraría hasta donde las políticas de la UV responden a un rol de gestión y gerenciamiento de políticas externas y centralizadas.

La ausencia de programas de PNPC en las regiones, es un aspecto que se ha de revisar en relación con la calidad de los Núcleos Académicos Básicos, así como la alta concentración y centralización del posgrado. Esto se observa en virtud de variables como la descentralización y el apoyo a académicos para asegurar la calidad en las regiones y asegurar la calidad de los programas.

Referencias

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(1) Los agentes externos tienen influencia en la toma de decisiones en materia de políticas educativa el nivel de posgrado, por tanto ejercen un impacto sobre la autonomía y las formas de incidencia y participación. Entre ellos destacan los organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO, las agencias de gobierno como CONACYT y la SEP, las asociaciones civiles como la ANUIES, COMEPO y CENEVAL, algunas empresas y actores de los sectores económicos y productivos.

(2) Cabe destacar que Escalante, considera que las autonomías dentro de los modelos empresariales quedan reducidas y la gestión y forma de gobierno centralizada, sin embargo, cabe destacar que lo que se reduce es la autonomía con la que actúa un profesional con respecto de la institución –patrón.

(3) Aun en la actualidad, constitucionalmente, el discurso emancipador está presente en el art. 3º fracción II, que a la letra dice: “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” (CPEUM). Observamos entonces que por un lado se emancipa al pueblo de la ignorancia pero también el relato emancipador se dirige al aseguramiento de la independencia de un pueblo, tal y como se menciona en el criterio b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos–atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; (CPEUM).

(4) Por ejemplo uno de los cambios significativos tiene relación con el tiempo de vida o vigencia de la documentación comprobable en los concursos de oposición, ya que se ha dejado en muchos casos, de considerar aspectos como la antigüedad, siendo sustituido por el desempeño en diferentes rubros y actividades académicas realizadas durante los últimos 5 años, con lo cual se somete a esquemas de actualización y formación permanente.

(5) Una de las propuestas Expresadas por Luís Ernesto Derbez, Rector de la UDLAP Puebla, frente a la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles AC, en el marco del 8º Congreso de Administración Escolar, ha sido que las becas para los estudiantes de posgrado, no dependan de los programas académicos, sino que se le entreguen directamente al becario, para que éste en su elección individual, tenga la libertad de escoger a dónde quiere realizar sus estudios de posgrado.

(6) En 2019, México invirtió el 1.6 % de su gasto (91.4 mil millones de pesos) en el rubro, con una disminución de 0.6 puntos porcentuales con respecto al gasto en 2018 (92 mil millones de pesos) (Flores 2019). Pese a lo señalado por Escalante (2016), el financiamiento a ciencia y tecnología en México, en el curso de los últimos 10 años, sostuvo una tendencia al incremento a pesar de que los gobiernos fueran caracterizados como típicamente neoliberales, sin embargo, durante una transición reciente al populismo este rubro ha sufrido recortes en sus financiamientos.

(7) La gobernanza tiene lugar con el emplazamiento de un Estado regulador que se concentra en la creación de “estructuras administrativas (normas, estructuras, procesos y patrones de gestión) que aseguran sostenidamente la eficiencia económica del Estado”, de esta manera podrá demostrar un claro fortalecimiento institucional, liderazgo y estructuras profesionalizadas (Aguilar 2010).

(8) Lindblad, Johannesson & Simola (2002), en términos educativos, consideran que el cambio de gobierno, trae consigo, cambios en la gestión y la dirección educativa, que implican mayor implementación de prácticas de gestión del sector privado, indicadores de desempeño objetivos y mensurables, así como la inserción al léxico educativo de palabras clave como liderazgo, profesionalismo, rendición de cuentas y evaluación, desde la perspectiva de la nueva gobernanza y la nueva gestión educativa, lleva a concebir un bien público desde un enfoque privado o de comercio de servicios, y al ciudadano como un consumidor.

(9) El Anuario que presenta la información de ANUIES, toma como fuente los cuestionarios 911.9B Ciclo escolar 2018-2019, que comprenden la Estadística de Educación Superior por Posgrado. La planeación diseño, elaboración, aplicación y evaluación es responsabilidad de la SEP en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El proceso que conlleva la gestión de la información en específico queda a cargo de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, adscrita a la SEP.

(10) El posgrado en Veracruz, representa el 5.53% de la totalidad de programas académicos del posgrado en México, y atiende al 3.4% de la matrícula total a nivel nacional. En la escala nacional puede presentarse este dato como uno de los más bajos en cobertura, sin embargo en adelante se procede a dar información para comprender a detalle lo que estos datos significan.

(11) Esta variable representa a los programas de posgrado activos, es decir, contabiliza aquellos programas académicos que presentaron cualquiera de las siguientes condiciones: matrícula activa, egresados en tránsito y procesos de titulación, así como los que no cuentan con alguna o ninguna de las condiciones expuestas, al ciclo escolar 2018-2019 pero tienen registro activo en el sistema de información de las secretarías de educación estatal o federal, pero con sedes concretas en la entidad veracruzana.

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Published on 07/10/21
Accepted on 07/10/21
Submitted on 07/10/21

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